Desde FAPA Cantabria queremos reivindicar la legalidad y legitimidad de la mesa de negociación para el calendario escolar creada en la Consejería de Educación y exigimos al consejero Francisco Fernández Mañanes que haga lo mismo y diferencie claramente el calendario lectivo del alumnado del calendario lectivo y laboral del profesorado, algo que no parece muy interesado en hacer.
Entendemos y respetamos que la junta de personal docente exija negociar sus condiciones laborales dentro de la mesa sectorial de educación, y así debe de ser, pero la base fundamental de calendario escolar es establecer el mismo para el alumnado, por lo que entendemos que no es en el marco de la mesa sectorial donde se debe de negociar en la parte que al alumnado respecta. Así lo reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 37-2.b) establece que “quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación: la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos” y es evidente que el calendario escolar tiene como finalidad fijar el funcionamiento de un servicio público.
Incluso la Constitución Española reconoce en su artículo 23.1 que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes” y el 27.1 cita que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados”.
También debemos de recordar que el Acuerdo por la Educación para Cantabria, aprobado de forma unánime por el Consejo Escolar de Cantabria (CEC), recoge entre sus medidas que “el calendario escolar deberá ser acordado con la comunidad educativa”. Este acuerdo, que fue alcanzado en mayo de 2017 y aprobado por el Parlamento de Cantabria en mayo de 2018, fue nuevamente aprobado la semana pasada por la unanimidad del pleno del CEC como documento a aportar a la Consejería de Educación como propuestas de mejora para el sistema educativo, por lo que parece obvio que esta negociación está avalada por toda la comunidad educativa. Lo contrario sería poner en cuestión un acuerdo que ya se logró alcanzar en base a cesi nes realizadas por todas las partes.
Sin embargo, las organizaciones asistentes a la convocatoria de ayer (FAPA, CONCAPA y sindicatos de los centros concertados), la segunda que se realizaba, tuvimos que contemplar la desidia mostrada por el consejero, cuya única preocupación parece ser “cumplir el expediente” con la resolución aprobada en el Parlamento de Cantabria para la creación de esta mesa, llegando al punto de ser cuestionado sobre si nos estaba haciendo perder el tiempo. Ni siquiera se molestó en presentar una propuesta que al salir de la reunión descubrimos que ya andaba circulando.
Por todo ello, le exigimos qué, de una vez por todas, se comprometa no ya con cumplir una resolución unánime del Parlamento, sino con consolidar esta negociación como única forma de resolver una cuestión que lleva tres años generando problemas y disputas en la comunidad educativa.
FAPA Cantabria ha mostrado su plena disposición a poner en marcha esta negociación, y entendemos que es responsabilidad del consejero de educación darla plena validez y apostar por el acuerdo que se alcance en ella.
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