No podemos empezar estas líneas sin antes trasladarle el agradecimiento de las familias a todos los esfuerzos que, tanto desde las distintas administraciones como por parte del personal de los servicios públicos implicados, se está realizando desde hace más de dos meses para hacer frente a esta pandemia.
El motivo de esta carta, que remitimos precisamente en el Día Internacional de las Familias, es hacerle llegar varias preocupaciones y propuestas que consideramos necesario abordar a la mayor brevedad posible. Algunas de ellas ya se las hemos trasladado a la Consejería de Educación, pero vemos necesario ponerlas en su conocimiento como máximo representante de la comunidad autónoma, pues algunas de las cuestiones competen a más administraciones y consejerías.
La primera de ellas es solicitar que, una vez concluya el curso lectivo, se mantenga el servicio de alimentación sustitutivo del comedor escolar que actualmente se viene prestando desde la Consejería de educación con la colaboración de otras administraciones, entidades y servicios públicos. Se avecinan tiempos difíciles para la economía familiar y consideramos que es más necesario que nunca asegurar que este alumnado continúe recibiendo una comida digna al menos una vez al día también durante las vacaciones de verano.
En este sentido, también creemos necesario que, de cara al próximo curso, se haga una modificación en la cuantía económica de las becas de comedor, de forma que las que venían cubriendo un porcentaje del 75% del coste del servicio pasen a ser del 100%. Ese importe del 25% que hasta ahora venían abonando las familias puede convertirse en algo inasumible para las que se encuentren en una situación más precaria, lo que llevaría a que no se asegurase esa alimentación al alumnado que precisamente más lo va a necesitar.
Por otro lado, hemos trasladado a la Consejería de Educación la necesidad de que en el próximo curso no se produzcan cambios de libros en los centros educativos, manteniendo los que están en uso actualmente. El importe de la partida económica destinada a los bancos de recursos debería de restringirse a la compra de aquellos ejemplares necesarios por deterioro, renovación, falta de unidades, etc, así como a la compra de los recursos fungibles. El comienzo de curso supone un importante gasto para las familias, por lo que se debería de reducir al máximo el importe que se las solicita por este concepto, algo que ya es de por si una anomalía cuando la Constitución garantiza una gratuidad de la educación que no se está cumpliendo.
Esta medida, además de no suponer ningún coste al Gobierno, permitiría atender con el presupuesto aprobado al aumento de familias que va a necesitar de estas becas para que sus hijos e hijas comiencen el curso.
La última cuestión es la que necesita abordarse con mayor urgencia. Hemos pasado más de dos meses saliendo a aplaudir al personal sanitario y, por extensión, a todas las personas que, con su trabajo, han sostenido al resto de la sociedad durante este tiempo. Y, sin embargo, parece que nadie se ha preguntado quien se hacía cargo del cuidado de sus hijos e hijas mientras trabajaban, dándose la paradoja de que al temor frente a un posible contagio tenían que sumar el que produce dejarles solos en casa a una edad demasiado temprana, o que hayan tenido que apurar las normas del confinamiento para trasladarles a casa de familiares o amistades.
Y aunque ahora pueda parecer que la desescalada facilita estos cuidados por terceras personas, la reactivación laboral está suponiendo que el problema empiece a afectar a más familias, muchas de las cuales no disponen de redes familiares ni vecinales para afrontarlo. Sin embargo, tras semanas de medidas de diverso tipo para afrontar la crisis por parte de las distintas administraciones, ni una sola va destinada a facilitar la conciliación. No es algo que nos sorprenda, España ya estaba a la cola de Europa en esta cuestión y prácticamente es el único país que no ha presentando ningún plan al respecto.
Conviene recordar que la falta de medidas de conciliación sitúa a las familias (y principalmente a las mujeres) en la dura situación de tener que renunciar a trabajar para poder cuidar, lo que lleva a aumentar la precariedad de los hogares y la pobreza infantil, que ya estaba en índices preocupantes antes de la llegada de esta nueva crisis.
Por ello, queremos trasladarle la urgente necesidad de que se impulsen medidas en este aspecto, tanto en lo que se refiere a su reclamación al gobierno central, como solicitar el apoyo de las administraciones municipales (es justo reconocer que muchas de las cuales son, a día de hoy, prácticamente las únicas implicadas en dotar de programas de ocio en periodos no lectivos), pero también las que deben de surgir del gobierno autonómico.
Es necesario que se empiece a trabajar ya en medidas que faciliten la flexibilidad horaria, el teletrabajo, la adaptación de jornada, la creación de licencias retribuidas y ayudas económicas o la implantación de campus y programas de ocio acorde a las necesidades sanitarias actuales. Se pueden adoptar iniciativas desde ámbitos muy distintos que necesitan de la implicación de prácticamente todas las consejerías del Gobierno de Cantabria (servicios sociales, economía, igualdad, justicia, educación, sanidad, cultura, …), y por ello nos dirigimos a usted como máximo responsable de las mismas.
Quedamos a su disposición ante cualquier cuestión que nos quiera plantear respecto a estas iniciativas. Atentamente,
La presidenta:
Leticia Cardenal Salazar
En Santander, a 15 de mayo de 2020
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